Inmovilismo político en Marruecos Sergio Moya Mena La Prensa Libre 14-9-07 Conocí hace algunos años a Abraham Serfaty, quizás el disidente político más célebre de la historia contemporánea de Marruecos. Este judío sefardí, opositor a la monarquía y defensor de los derechos humanos, pasó 17 años en prisión, fue torturado y finalmente expulsado del país. La lucha de Serfaty fue un símbolo de la dura represión política que vivió el país durante los “años de plomo” del reinado de Hassan II. A partir de los años noventa y de la llegada al trono de Mohamed VI, se llevaron a cabo una serie de reformas políticas importantes que, si bien mejoraron la representación política y fortalecieron al parlamento, no demostraron un claro compromiso de la monarquía con la democratización total del país. El sistema político sigue marcado por una doble tensión que neutraliza cualquier veleidad de transformación radical: en primer lugar, el enraizamiento de una cultura autoritaria que opera en la esfera tanto del referente monárquico como de la clase política y en segundo lugar, el centralismo de la religión como dispositivo de legitimación. La figura del Rey es la expresión más representativa de esta tensión: como Jefe de Estado goza de poderes sin límites que le permiten entre otras cosas: designar al primer ministro y otros miembros del ejecutivo (al margen de las mayorías parlamentarias), disolver el parlamento, gobernar por decreto y administrar directamente parte del presupuesto nacional a través de fundaciones vinculadas al palacio real. Representa además la autoridad temporal y la espiritual, pues es "Emir Al-Muminin" o "Comendador de los Creyentes" y “descendiente” del Profeta Mahoma. Las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre han sido una muestra más de la inalterabilidad del sistema político marroquí. Todas las encuestas previas auguraban una amplia victoria de los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), organización que traza sus orígenes históricos hasta la Hermandad Musulmana (raíz de la gran mayoría de las organizaciones islamistas contemporáneas en el Medio Oriente sunita) y tiene su base de apoyo entre los pobres y desempleados. Su líder, Saad Edine el Othmani, rechaza la violencia y el terrorismo, pero propone discutir sobre sus orígenes y cuestionarse cuáles son las razones que pueden llevar a alguien a convertirse en bomba humana. Hay que recordar que toda el área del Magreb está en estado de alerta desde que el brazo regional de Al-Qaeda prometió luchar contra los “regímenes corruptos de la región y sus aliados occidentales”. En los días previos a las elecciones, la red terrorista asesinó a 57 personas en la vecina Argelia. Ciertamente, el PJD presentaba un perfil islamista moderado, al menos si se le compara con otras organizaciones islamistas marroquíes semi-legales como Justicia y Beneficencia, que desconoce la legitimidad del Rey. Aunque el programa de gobierno del PJD tenía un marcado carácter social, enfocado hacia los enormes problemas de pobreza y desempleo que vive el país, incluía también una propuesta para hacer de la Sharía o ley islámica, la fuente de toda legislación, lo que supondría incorporar a dos ulemas (doctores de la ley) al Consejo Constitucional. Esto hizo que sus opositores laicos, la izquierda y las asociaciones feministas le acusaran de tener una “agenda oculta” para convertir al país en un régimen islámico purista. Estas sospechas pudieron haber modificado el ánimo de los marroquíes, que al final apostaron al continuismo y dieron la victoria al partido nacionalista laico Istiqlal. Un triunfo de los islamistas del PDJ les habría exigido asumir compromisos con otros partidos y respetar los márgenes del pluralismo, lo cual habría puesto a prueba sus credenciales democráticas. Pero esto no sucedió, y si las encuestas le daban hasta el 47% de la intención de voto y 80 diputados, al final han recibido apenas el 17%. Más allá del fracaso islamista, el dato más importante que revelan las elecciones fue el altísimo nivel de abstencionismo, que llegó al 63% y en algunos lugares como Casablanca hasta el 73%. Esta situación evidencia el creciente divorcio entre la ciudadanía y los partidos políticos, pero también entre ésta y el régimen, a cuya cabeza está el Rey Mohamed VI, quien sigue teniendo la palabra en todos los asuntos importantes. Comparado a sus vecinos Túnez y Argelia, Marruecos aparece como el país más liberal del Magreb, pero la concentración del poder (en este caso en el Rey), la persistencia del autoritarismo, la represión política, la corrupción, el desempleo y la pobreza, siguen haciendo del país una democracia muy débil. Un cuadro bastante perturbador que sufren también la mayoría de los pueblos árabes. Hoy, con 81 años, Abraham Serfaty ha podido regresar a su patria como un hombre libre, pero todavía teme morir sin ver a Marruecos convertido en un país verdaderamente abierto y democrático.
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