Rebelión en Bolivia Sergio Moya Mena Slovo
El inicio del año 2003 ha representado para Bolivia un verdadero terremoto en sus estructuras políticas y sociales. Una crisis que ha cobrado la vida de más de 50 personas. Primero fueron las protestas campesinas de enero y recientemente el enfrentamiento entre policías y soldados, seguido de saqueos en las principales ciudades. Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fue electo presidente con apenas el 22.5% de los votos en julio del 2002, se auguraba un posible escenario de ingobernabilidad, pero difícilmente se habría esperado un colapso tan rápido del sistema. Lo que empezó con la protesta de los productores de hoja de coca contra los planes de erradicación -sin alternativas económicas viables- de este ancestral cultivo andino, desató otra cantidad de protestas populares de muy diversa naturaleza. Desde la lucha contra la venta -en condiciones evidentemente desventajosas- del gas boliviano a las transnacionales y del agua a las empresas mineras chilenas, hasta el rechazo a la ley de capitalización, a las privatizaciones, al ingreso del país al ALCA y al “impuestazo” del 12,5% al salario de los empleados públicos. La oposición y los sindicatos han conformado un Estado Mayor del Pueblo y han pedido la renuncia del presidente.
Si a esto se añade el creciente nacionalismo étnico de los aymaras, que en los últimos años se han organizado en partidos como el Movimiento Indio Pachakuti que reclama “demoler la república de los blancos para reinstaurar el Koyasullo” (un gran estado indio sustentado en instituciones y religiones andinas), se produce una radical polarización que amenaza la estabilidad y la existencia misma del país como Estado.
Lo que hemos visto no es únicamente
un caso más del fracaso del neoliberalismo en América
Latina, sino también, el resquebrajamiento de lo que en Bolivia
fue su complemento: un sistema de dominación político,
social y racial que se remonta a los tiempos de la conquista
y que
El país necesita ser refundado sobre la base de un nuevo pacto social y político que integre a todos sus habitantes y que defina un nuevo modelo de desarrollo mucho más incluy ente. A Bolivia ya le llegó la hora, pero éste es también un desafío que deberían plantearse Ecuador, México o Guatemala, países que igualmente poseen una gran población indígena marginada.
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