Una alternativa para el bosque de los miskitos
Gilberto Lopes

Tomado de MEMORIA

Los bosques vírgenes de la costa Atlántica de Nicaragua son escenario de la vida de una comunidad indígena que lucha por preservarlos consciente de que su futuro depende de estos árboles milenarios.

Estas tierras ancestrales de la mosquitia, en la zona atlántica nicaragüense, han sido, desde el siglo pasado, escenario de fantásticas operaciones comerciales. Hace cien años por aquí fluía oro, plata, cobre, zinc, madera y banano desde tierra adentro hasta desembocar en el mar Caribe, para abastecer los mercados de Estados Unidos y de Europa.

La mosquitia, territorio indígena que Nicaragua comparte con Honduras, veía así drenados sus recursos por la venas de ríos maravillosos que la recortan en complicados arabescos. La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en el Caribe nicaragüense, tiene 58 mil km2, algo más que la extensión de la vecina Costa Rica, pero aquí viven sólo 231 mil habitantes, mucho menos que los casi cuatro millones de costarricenses; la mayoría de la etnia miskita, pero también hay sumos e hispanoparlantes.

Aquí está cerca de 60 por ciento de los bosques vírgenes que restan a Nicaragua. “Es la zona donde hay más recursos forestales, marinos y una naturaleza espectacular, pero la región es la más pobre del país”, explica Centuriano Knight, representante de la organización indígena Yatama y miembro del gobierno regional.

La RAAN y su hermana, la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), reciben apenas 0.93 por ciento del presupuesto estatal, dice Knight. En Prinzapolka, por donde hace cerca de un siglo se escurría la riqueza mineral, la caoba y el cedro real, el ingreso per cápita es de 28 dólares anuales, destaca.

Tierra mágica

Era noche cuando llegamos a la comunidad de Layasiksa, al sur de Puerto Cabezas, en el atlántico nicaragüense. Aquí vamos a dormir, en hamacas. No hay luz, agua ni teléfono. Construidas sobre estacas, las casas, de madera –o “casas de tambo”, como las llaman–, se esparcen por el enzacatado. Los animales –cerdos, gallinas, vacas–, sueltos, buscan qué comer desde temprano. Los hombres cazan y pescan; las mujeres también.

Son 136 familias, algo menos de mil personas, en las orillas de la laguna de Layasiksa, en cuyo curso sus aguas convergen con el río Kukalaya fluyendo en la laguna de Wouhta, hasta desembocar en las aguas “esmeraldas” del Caribe. Siembran algo en tierras cercanas: frijol, arroz, maíz, yuca, pero aquí no hay trabajo asalariado, salvo para los profesores de la escuela o una enfermera. La comunidad tiene unas cien mil hectáreas de tierras, de las cuales son 35 mil de bosques, 4 mil 500 son sometidas a un plan de manejo. Cerca de otras cinco mil han sido dadas en concesión a la empresa maderera PRADA, que las trabaja también con un plan de manejo certificado.

Es aquí donde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) está desarrollando su trabajo para al conservación del bosque, una de las áreas de selva tropical más importante de Centroamérica. “Hemos iniciado tres líneas de trabajo: conocer los recursos, elaborar un plan de manejo y evaluar su impacto ambiental”, explica Steve Gretzinger, director forestal de WWF Centroamérica.

¿Qué vamos a hacer con la madera?, se pregunta Gretzinger. La comunidad es rica en maderas preciosas y también en pino Caribe, además de otras especies. Las alternativas, por ahora, son dar la tierra en concesión, vender la madera en rollo, aserrada, o elaborar productos de artesanía y muebles. “La madera preciosa, como la caoba o el cedro real, se aprovechó sin manejo y casi no queda”, asegura Ronaldo Ocampo, un miskito de 25 años ahora miembro del Comité Forestal Comunitario de Layasiksa. Actualmente, queda apenas una reserva de cuatro mil hectáreas, que piensan mantener así, pero las presiones son permanentes.

Si hace un siglo salían de aquí maderas preciosas y oro para los mercados de Estados Unidos y Europa, ahora hay cierta reticencia para comprar maderas de bosques tropicales. La conciencia ecológica provoca resistencia entre grupos europeos que ven con preocupación su destrucción. Tienen razón. Si no puede aprovecharse la madera, los bosques de las comunidades de Layasiksa no tendrían ningún valor, aunque seguirían, probablemente, siendo talados de forma ilegal por quienes controlan los mecanismos que les permiten hacer llevar esta madera preciosa a mercados sofisticados, hambrientos de un producto cada vez más escaso, o simplemente se tumbaría la madera para crear tierras de pasto y poder sobrevivir.

La comunidad de Layasiksa ha elaborado un plan de manejo del bosque. El plan consideraba el aprovechamiento de un área de 200 hectáreas el año pasado y de 204, este año. De eso se trata el plan de manejo: utilizar el bosque de manera racional, aprovechando aquellos árboles que ya no van a crecer más y dejando que se desarrollen los que todavía no han llegado a un nivel adecuado de aprovechamiento, y también aquellos más viejos, que sirven para semillas, que permiten reproducir la especie. Ese plan tiene la virtud de evitar la destrucción del bosque y de permitir a la comunidad miskita salir, poco a poco, de la dramática pobreza en que vive.

Manejo adecuado del bosque

Es precisamente con esta visión de asegurar calidad de vida a quienes viven del bosque, en especial si son indígenas, como en 1993 se formó en Oaxaca, México, el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), que hoy tiene su sede en Alemania. Se trata de la unión de diversas ONG y dueños de bosques empeñados en promover la idea de un manejo responsable del recurso forestal.La FSC elaboró estándares de manejo forestal sostenible, incluyendo una cadena de custodia de toda la línea de producción, cuyo punto de partida es que la operación sea legal, que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y se analice el impacto ambiental del aprovechamiento. En Nicaragua, hay ya más de 13 mil hectáreas certificadas según patrones estrictos de aprovechamiento.

Ocampo explica, con palabras sencillas, los procedimientos de certificación de la madera y cómo deben seleccionarse los árboles aptos para ser talados en el bosque. En pocas semanas, los líderes miskitos aprenden las normas básicas de la conservación que luego explican, con mucha propiedad, a sus hermanos y a los propietarios de tierras en la zona. Desde luego, hay todavía un largo camino por recorrer antes de que la certificación se consolide en esta remota zona. Pese a los problemas, los indígenas reconocen hoy que es mejor realizar un manejo adecuado del bosque que talarlo de forma desmedida, pues el bosque es su banco, su futuro asegurado por la madera que provee y por los beneficios asociados a la salud del ambiente natural. La propuesta de un manejo racional, promovido por instituciones globales de conservación como WWF, y de programas que ayuden a las comunidades indígenas a aprovechar las enormes riquezas naturales que poseen, ofrecen una alternativa para enfrentar la pobreza y respetar el ambiente.

“WWF no puede dejarnos; si nos sueltan, nos caemos; tienen que apoyarnos hasta que estemos preparados”, dice el síndico de Layasiksa. “Si nos va bien, vamos a recibir unos 50 mil dólares este año”, añade. “Quince mil para cubrir gastos y el resto para mejorar el nivel de vida de la comunidad, contratar una enfermera, comprar remedios, apoyar el estudio de los jóvenes”, dice Rufino Johnson.
El Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua, recientemente aprobado, propone la formación de conglomerados (o clusters) industriales para el desarrollo del país. El sector forestal es uno de esos clusters. Carlos Zúñiga, de la Comisión Presidencial de Competitividad, estimó que WWF es el tipo de socio para impulsar el desarrollo del cluster.

Estamos todos en este barco, ¿qué otra alternativa hay para promover el desarrollo de esas comunidades empobrecidas y asegurar un aprovechamiento racional de sus recursos naturales? Por ahora, no la hay.

El autor es periodista brasileño radicado en Costa Rica.
Fuente: Ecoportal, 2004.