"Democracia en la calle"

Por Harold Villegas Román

Politólogo, Profesor Maestría y Escuela Ciencias Políticas UCR, Asesor Partido Acción Ciudadana.

 

  En los últimos meses hemos sigo testigos de una amplia discusión sobre la legitimidad y legalidad de las manifestaciones ciudadanas en la calle, como acto de protesta o derecho contra las iniciativas que afectan la convivencia social y el desarrollo de nuestra nación

En este marco, quisiera referirme o más bien responder a dos artículos, "Chile, ejemplo a seguir" del asesor presidencial Pablo Guerén, y "Mecanismos institucionales" del señor Rubén Hernández Valle, ambos publicados en el diario La Nación del 26 de octubre.


En el caso chileno, y si bien es cierto hay que reconocer los importantes avances en materia social y desarrollo económico que se han obtenido bajo los gobiernos de la Concertación (coalición gobernante post dictadura), debemos realizar, y por honor a la verdad, ciertos matices. En primer lugar, durante el régimen militar se privatizaron una serie de servicios públicos, entre ellos la telefonía y el sector telecomunicaciones, además del debilitamiento en la prestación de los servicios de educación y salud mediante la municipalización, y la ampliación de prerrogativas para la actividad privada de ambos servicios. En el caso de las telecomunicaciones, y contra los que pregonan la competencia perfecta, hoy existe un oligopolio que enriquece a unos cuantos contra el principio de solidaridad y universalización de este servicio. En este marco, es el poder adquisitivo quien define la obtención de este servicio, y no el derecho que le compete a la ciudadanía en este ámbito.

En el caso de la salud y la educación chilena no ha sido muy diferente. Las recientes protestas estudiantiles para revertir la municipalización -degradación- de la educación, y la también reciente reforma al sector salud, conocido como Plan AUGE (impulsada por la actual Presidenta Bachelet cuando fue Ministra de salud) ejemplifican los desaciertos de una política privatizadora de servicios fundamentales bajo la lógica de ver estos servicios como mercancía y no como derechos. Pese a ello, Chile ha sido exitoso en su incursión comercial, primero, porque no entregó áreas estratégicas que ya habían sido privatizadas en la dictadura, segundo, porque ha sabido defender intereses de sus productores y empresarios contra intereses foráneos, y tercero, porque no entregó su actividad más rentable: el cobre. Este último punto por razones de interés nacional (más del 50% de sus ingresos provienen de esta actividad estatal) y porque el 10% de las utilidades del cobre se establecieron como prerrogativa para las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Pinochet, más concretamente en la Constitución autoritaria de 1980. Es decir, en ningún acuerdo comercial suscrito hasta ahora por Chile se han regalado áreas estratégicas de su desarrollo. Además, diferentes estudios sobre la economía chilena no han cuestionado el alto crecimiento, sino su distribución, que como también sabemos no es obra de la espontaneidad, sino de una política social y redistributiva desde el Estado.

Se equivoca el señor Guerén cuando afirma "¿seguimos el ejemplo chileno u optamos por confrontaciones dolorosas y peligrosas"? De todos es sabido la cantidad de protestas, paros y confrontaciones - algunas con fuerte represión policial- que han logrado o por lo menos han intentado revertir la agresividad del modelo chileno contra los sectores más vulnerables. Chile es hoy, y por mucho, un buen ejemplo de la "democracia de la calle" capaz de derrotar a una dictadura gracias a la conciencia de sus estudiantes, jóvenes, mujeres, y de algunos líderes políticos y sociales.


Por su parte, Costa Rica es desde la década de los 50 un buen ejemplo de cómo resuelve vía institucional y sin violencia sus conflictos sociopolíticos sin descalificar las manifestaciones ciudadanas en la calle, es más, es un claro ejemplo de cómo la democracia de la calle no ha sido contraproducente para seguir respetando el canal constitucional e institucional por donde se regula y resuelve el conflicto. En nuestra historia reciente la lucha contra el Combo jamás degradó nuestra democracia sino la fortaleció cambiando el rumbo de una decisión legislativa en el ámbito institucional.


Por eso, no es sostenible ni política, académica o jurídicamente, que la democracia en la calle sea un ejercicio abusivo de la libertad de reunión, tal y como afirma el señor Hernández Valle. En nuestros días, la democracia de la calle es un instrumento legítimo y democrático que nutre y acompaña la participación ciudadana, y por lo tanto, es virtud del proceso político y democrático costarricense, y por supuesto, también del país de Neruda.