La Prensa Libre

Paramilitares y Plan Colombia: amenazas a la paz

Sergio Moya Mena

La Prensa Libre 27-3-2001

Si en algún momento se barajó la posibilidad de una "revisión" del Plan Colombia por parte del gobierno de George W. Bush, las dudas han quedado despejadas con las declaraciones del Secretario de Estado Colin Powell, en el sentido de que la nueva administración "apoyará el plan como un medio para combatir al narcotráfico y frenar a la guerrilla". Los eufemismos se acaban y el plan revela su objetivo fundamental: el reposicionamiento geoestratégico de los EE.UU. en la zona y la eliminación de la insurgencia en ese país.

Cuando el presidente Andrés Pastrana visitó los Estados Unidos en octubre de 1998, solicitó apoyo para un renovado proceso de paz que se venía gestando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP y para una especie de "Plan marshall" para el sur de Colombia, que incluiría apoyo económico para que pequeños productores cocaleros cambiaran sus cultivos. En vez de eso, el Congreso de los EE.UU., preocupado por la paridad operativa que empezaban a mostrar ejército y guerrillas, triplicó la asistencia militar a Colombia, haciendo de este país el tercer más grande receptor de ayuda militar norteamericana en el mundo, sólo superado por Israel y Egipto. Durante las discusiones en el Congreso algunos diputados -especialmente demócratas- pidieron más bien que se incrementaran los recursos económicos para la rehabilitación de los 20 millones de adictos en las calles de EE.UU. en vez de apostar por la militarización de la lucha contra el narco. Pero los republicanos apoyados por Bill Clinton, lograron que el Plan pasara privilegiando el componente militar. Uno de los aspectos más negativos en el proceso de aprobación, fue el hecho de que Clinton firmó una excepción a las exigencias del respeto a los derechos humanos incluidas en el paquete de ayuda militar.

El plan Colombia, supone el envío de 1300 millones de dólares en ayuda al Gobierno Colombiano, 80% de los cuales se dedicarán a ayuda militar. El modelo parece seguir la misma lógica implementada en El Salvador en los años ochenta. En vez de una intervención militar directa, los EE.UU. proveen una asistencia escalada en forma de equipo, entrenamiento y tecnología de inteligencia, así como asesores militares para batallones de élite.

El Plan es particularmente inoportuno en un momento en que las guerrillas de las FARC-EP y el gobierno han dado pasos tan significativos hacia la paz. En la reciente ronda de negociación llevada a cabo en San Vicente del Caguán, ambas partes acordaron -entre otras cosas- descongelar el proceso de paz, ampliar las mesas de negociación y acelerar un inminente acuerdo humanitario que posibilitará el intercambio de prisioneros. El propio encuentro del presidente Pastrana con el líder de las FARC Manuel Marulanda "Tirofijo", es de por sí, un suceso histórico en este conflicto.

No obstante el camino a una paz justa y duradera apenas se inicia. Si bien es loable reconocer la voluntad de diálogo de Pastrana, al gobierno le corresponde acabar con el principal elemento que erosiona la legitimidad del Presidente: la intolerable impunidad en que operan las fuerzas paramilitares y su contubernio con el Ejército. Estos sectores reunidos en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC, son los responsables del 80% de las violaciones a los derechos humanos. Las AUC han infiltrado no sólo las fuerzas armadas y a la mafia de la droga, sino también a la comunidad empresarial, el congreso y sectores del Poder Judicial.

Es curioso que el Departamento de Estado se ha negado a incluir a las AUC en su lista de "organizaciones terroristas", cuando ha sido ampliamente documentada por organizaciones como Human Rights Watch, la responsabilidad de las AUC en el asesinato selectivo de miles de dirigentes populares, campesinos y sindicales. A pesar de que su líder Carlos Castaño ha reconocido sin reparos que el 70% de sus recursos provienen del nasrcotráfico, las AUC han sido utilizadas por la CIA y la DEA en diversas operaciones encubiertas en Colombia. Es curioso también que las AUC han expresado con "singular entusiasmo" su apoyo a la implementación del Plan Colombia. Interés en el que también convergen las grandes transnacionales del petróleo y el carbón.

Es por esto que la eliminación de las actividades paramilitares se constituye en un paso imprescindible para la paz. No es previsible una desmovilización de las FARC-EP si no encuentran condiciones para participar en la vida democrática y cuando existe el triste precedente de otras fuerzas de izquierda como la Unión Patriótica, el Movimiento 190 de Abril o el Ejército Popular de Liberación, que en el pasado intentaron una alternativa civilista y fueron literalmente exterminadas por los paramilitares.

En el caso de las guerrillas y específicamente en lo referente a las FARC-EP, son sumamente preocupantes los asesinatos de civiles, ejecuciones de prisioneros y secuestros que cometen algunos de sus comandos. Es intolerable que estas fuerzas sigan violando las normas del Derecho Internacional Humanitario, al que algunos de los comandantes guerrilleros siguen viendo despectivamente como "derecho burgués".

La paz y la solución al problema del narcotráfico es algo que los colombianos han anhelado por mucho tiempo. Cincuenta años de conflicto han demostrado que no basta el diálogo y la voluntad política, se requiere también de tolerancia, justicia social y un gobierno que garantice el respeto a los derechos humanos. Este es el camino de la paz, no repitiendo viejas fórmulas intervencionistas que han demostrado su ineficiencia en toda América Latina.

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