La
política indígena de Bachelet
Trascurridos
nueve meses de iniciado el gobierno de la presidenta Bachelet, hay
antecedentes claros que indican que la política de su administración
hacia los pueblos indígenas no solo ha mantenido las indefiniciones
que fueran características de la política de su antecesor
en La Moneda en la materia, sino también, las contradicciones
entre el discurso y la práctica. Cabe recordar que siendo
candidata Michele Bachelet se comprometió a que durante su
gobierno tendría presente el informe de la Comisión
de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas,
así como el del Relator de la ONU para los derechos indígenas
sobre Chile, ambos de 2003. Los dos informes habían recomendado
la introducción de reformas constitucionales que posibilitaran
el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así
como de su derecho a la participación política y económica.
También coincidían en la necesidad de que Chile ratificase
el Convenio 169 de la OIT. El informe del Relator de la ONU, además,
instaba al estado a no criminalizar la protesta social indígena,
y a poner termino al uso de la fuerza pública en contra de
los indígenas y a la aplicación de leyes especiales,
como la ley antiterrorista, para perseguir los delitos que pudiesen
haber cometido.
Reiterando sus compromisos electorales
la Presidenta Bachelet, con ocasión de la celebración
del año nuevo indígena, señaló en La
Moneda el 23 de junio pasado: “Queremos un país cada vez
más participativo, digno y justo para todos. Y también,
por cierto, para los pueblos indígenas, para nuestros pueblos
originarios. Un país inclusivo, sin discriminaciones.”
Pues bien, lamentablemente las actuaciones de los entes públicos
en relación a los pueblos indígenas en lo que va corrido
de su mandato han estado muy lejos de orientarse por estos lineamientos.
Por el contrario, tales actuaciones nos hacen pensar que estos pueblos
y sus derechos, o bien siguen siendo ignorados por las autoridades,
o están subordinados a otras políticas que resultan
prioritarias para la agenda gubernamental. Por de pronto, en el
plano jurídico, a pesar de los anuncios no se ha otorgado
hasta ahora la urgencia demandada por los pueblos indígenas
al proyecto para la ratificación del Convenio 169 de la OIT,
convención internacional cuya aprobación por el Senado
sigue pendiente.
Tampoco hay avances en lo que dice relación
con la reforma de la Constitución para el reconocimiento
de los pueblos indígenas y de sus derechos. La urgencia otorgada
por el ejecutivo a esta iniciativa durante el primer semestre debió
retirarse luego de que las autoridades se percataran de que el texto
del proyecto sobre el cual recaía dicha urgencia, lejos de
permitir tal reconocimiento, lo impedía. Ello, dado que el
texto aprobado por la Cámara de Diputados a la fecha rezaba:
“La nación chilena es una e indivisible.” El párrafo
alusivo a los pueblos indígenas y a sus derechos, a pesar
de sus insuficiencias a la luz del derecho internacional, no había
sido aprobado por la Cámara.
En cuanto a la labor
impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
esta se ha visto seriamente dificultada por las dinámicas
partidarias que persisten en su interior, así como por la
influencia que ejercen en sus decisiones los dirigentes indígenas
que integran su Consejo nacional. Cabe señalar que estos
últimos, mas que abogar por las demandas más sentidas
y urgentes de los pueblos indígenas y de sus movimientos,
se han convertido en mediadores de los intereses de los sectores
que representan, muchas veces en desmedro de los derechos de otros
sectores indígenas.
Ello se ve claramente reflejado
en la política de su Fondo de Tierras de tierras, donde dicho
Consejo nacional, a instancia de los representantes indígenas,
ha favorecido la adquisición de predios para sectores cuyas
reclamaciones de tierras son dudosas, en desmedro de las comunidades
que las reclaman por ser parte de su territorio ancestral, creando
serios conflictos en este caso, al interior del pueblo mapuche.
De este modo, aunque el incremento del presupuesto de esta entidad
previsto para el próximo año resulte valorable, no
queda claro como CONADI, con las limitantes antes señaladas,
favorecerá los procesos de reconstrucción territorial
en que hoy están empeñados los pueblos indígenas.
Dudas semejantes surgen de la anunciada segunda etapa
del Programa Orígenes, iniciativa que de no ser reestructurada
con criterios profesionales y con la participación activa
de los pueblos indígenas, seguirá favoreciendo el
clientelismo y la cooptacion indígena, como ocurrió
en su primera etapa de acuerdo a los análisis de diversos
sectores, incluyendo el propio BID, que financia en parte este proyecto.
Otro de los planos en que la acción gubernamental
no ha sido congruente con los compromisos y la retórica presidencial
– de participación, dignidad, no discriminación, etc.-
es el que dice relación con el sistemático respaldo
otorgado por las instancias públicas encargadas de la aprobación
de proyectos de inversión a aquellas propuestas privadas
o públicas a ser ejecutadas en territorios de propiedad o
en reclamo por los pueblos indígenas.
Así,
la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región
de Atacama, bajo la actual administración, rechazó
el recurso de reclamación presentado por la comunidad diaguita
de Huasco Alto en contra de la resolución que la misma entidad
había dictado aprobando el segundo Estudio de Impacto Ambiental
del polémico proyecto Pascua Lama, de la compañía
canadiense Barrick Gold. La reclamación desestimada por la
Corema impugnaba el proyecto en razón de su emplazamiento
en tierras ancestrales indígenas y de sus implicancias ambientales
(recordemos que el proyecto consideraba la remoción de los
glaciares que alimentan el río Huasco que sustenta la economía
de los diaguita, remoción que aunque no fue aprobada en definitiva
por la Corema, no elimina los riesgos de contaminación de
sus aguas). En los meses de invierno el gobierno, también
a través de la Corema, esta vez de la Región de Los
Lagos, dio su respaldo a la empresa Celco para que esta siguiese
adelante con los estudios para la construcción de un ducto
para verter al mar los desechos de su planta de celulosa en Valdivia,
en las aguas costeras de las que viven los mapuche lafkenche. Ello
a pesar de sus peticiones y movilizaciones para evitar que ello
sucediera.
En la Araucanía, además de respaldar
cerradamente la construcción de 17 plantas de tratamiento
de aguas servidas, la mayoría de las cuales se realizan sin
estudios de impacto ambiental (salvo la de Villarrica por resolución
de la Corte Suprema frente a recursos de protección de la
comunidad), la Corema aprobó, bajo la presión del
Intendente regional, la construcción de un nuevo aeropuerto
en la localidad de Quepe. Se trata de un aeropuerto que se emplaza
en un área rodeada de comunidades mapuche, las que al igual
que las autoridades del Municipio de Freire en que se emplaza el
proyecto y varios consejeros regionales, lo han rechazado y han
exigido que se estudien otras áreas para su emplazamiento.
La aprobación gubernamental de estos proyectos
de inversión en territorios indígenas, no solo da
cuenta de la nula consideración que la actual administración
tiene para con las demandas de los pueblos indígenas relativas
a la protección de sus ecosistemas y la definición
de su propio desarrollo, sino que constituye una demostración
evidente de que el desarrollo productivo constituye para ésta
una prioridad que está por sobre los pueblos indígenas
y que no se está dispuesta a negociar.
En el plano
de los derechos individuales, la Presidenta, luego de una larga
huelga de hambre que los presos mapuche por ley antiterrorista realizaran
a comienzos de año, manifestó su decisión de
no seguir aplicando dicha legislación en contra de los mapuche
para perseguir sus acciones de protesta vinculadas a sus reclamaciones
de tierras, como lo había hecho el presidente Lagos. Sin
embargo, las iniciativas impulsadas por parlamentarios de la Concertación,
y por el propio ejecutivo con miras a posibilitar la libertad de
quienes se encuentran cumpliendo condena por cargos de terrorismo,
no han tenido éxito a la fecha, por lo que esta demanda indígena
en esta materia sigue sin respuesta.
En un ámbito
relacionado, una práctica que ha seguido inalterada bajo
la administración Bachelet, es la que dice relación
con los abusos que los agentes del estado siguen cometiendo en contra
de integrantes de comunidades indígenas que se encuentran
en conflictos con proyectos de inversión, o con propietarios
no indígenas. Todas las informaciones existentes dan cuenta
de que tales abusos, lejos de desaparecer, se han intensificado
el ultimo año, siendo estos cada vez más graves, y
poniendo en riesgo la vida y la integridad física de integrantes
de comunidades, incluyendo entre ellas a mujeres, ancianos y niños.
El caso más dramático es el de la comunidad
de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, la que ha sido allanada
siete veces este año año. En el último allanamiento,
verificado el 30 de noviembre pasado, carabineros, con el apoyo
de un helicóptero, registró las viviendas de los comuneros,
golpeando, entre otras personas, a una mujer embarazada que se opuso
a ello. A comienzos del mes de noviembre la policía civil
disparó desde un auto sin identificación, en contra
de un grupo de integrantes de la misma comunidad reunidos pacíficamente,
hiriendo a uno de ellos en una pierna. Hechos similares ser repitieron
el 7 de diciembre pasado, cuando producto de un violento operativo
policial desarrollado en las afueras de la ciudad de Ercilla, resultaron
heridos a bala 10 comuneros mapuche, uno de ellos con proyectiles
en sus dos piernas. Los policías, que actuaron sin que mediara
provocación alguna de las víctimas, habrían
estado tras los pasos de dirigentes mapuche de la comunidad de Temucuicui.
Las órdenes de detención que pesan sobre
varios de los integrantes de esta comunidad por diversos acciones
delictivas que se les imputan, entre ellas la agresión en
contra del ex Director de Conadi, Jaime Andrade, hecho por cierto
condenable, no pueden justificar, en caso alguno, al menos en un
estado de derecho, el actuar abusivo e impune de la policía.
La muerte del lonko mapuche Juan Collihuín, de
71 años de edad, y las lesiones a bala provocadas a sus dos
hijos Juan y Emilio Collihuín en agosto pasado, como consecuencia
de la actuación –sin orden judicial- de carabineros al interior
de un predio de propiedad de la víctima en la comuna de Nueva
Imperial, por una investigación en un caso de abigeato, y
sin que mediara resistencia alguna, constituye otro ejemplo de abuso
policial ocurrido bajo la actual administración que a la
fecha sigue impune.
Las denuncias de abusos policiales
cometidas en contra de personas indígenas que han sido realizadas
a las autoridades de gobierno, incluyendo entre ellas al Ministro
del Interior, no han sido siquiera respondidas. Los hechos no han
sido investigados, ni menos castigados, lo cual no solo genera frustración
en las comunidades afectadas y en los pueblos indígenas en
general, sino que determina que quienes los han perpetrado se sientan
autorizados para volver a realizarlos, cada vez con más violencia,
como de hecho ha ocurrido.
Finalmente, en los últimos
meses las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos
humanos que han realizado denuncias frente a las situaciones abusivas
antes referidas y asumido la defensa de las victimas, han sido objeto
de actos de hostigamiento, con la completa indiferencia, y por lo
mismo complicidad, de las actuales autoridades.
Así
por ejemplo, la sede de la organización mapuche Consejo de
Todas las Tierras en Temuco fue objeto de un asalto nocturno por
desconocidos hace un mes atrás. En la ocasión desconocidos
sustrajeron de dicha sede los computadores con que contaban para
el desarrollo de sus actividades, sin que los autores se llevaran
otros bienes de valor allí existentes, y sin que las denuncias
realizadas por esta organización a la policía y a
las autoridades hayan permitido identificar a los responsables.
Un hecho similar ocurrió el 9 de diciembre, cuando
desconocidos entraron haciendo uso de fuerza a las oficinas del
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Temuco,
en momentos en que estas se encontraban desocupadas, procediendo
a sustraer los discos duros de los seis computadores con que contamos
para el desarrollo de nuestro trabajo. Al igual que en el caso anterior,
dejaron en dicha oficina otros objetos de valor, tales como impresoras
y centrales telefónicas, dejando en evidencia la intencionalidad
del robo.
Se trata de hechos graves que afectan seriamente
la labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas,
labor que el estado chileno se encuentra obligado a respetar en
virtud de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
de 1999.
Todos estos hechos demuestran entonces que el
gobierno de Bachelet está dando continuidad a una contradictoria
política hacia los pueblos indígenas. Se trata de
una continuidad que no solo desconoce los derechos colectivos de
los pueblos indígenas hoy internacionalmente reconocidos,
sino que vulnera derechos básicos de sus integrantes, haciendo
– al menos a las víctimas de estas violaciones y a quienes
hemos podido constatar su realidad- recordar los días oscuros
del dictador recientemente fallecido.
Igualmente grave,
dicha política resulta peligrosa, ya que afecta a un sector
de la sociedad históricamente discriminado por la sociedad
y el estado chileno, generando, como en el pasado, una violencia
en su contra que puede tener impredecibles consecuencias para el
futuro de sus relaciones interétnicas en el país.
- José
Aylwin es abogado, Co Director del Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas.
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